Como réplica al debate democrático que se está desarrollando en el Parlamento de Catalunya en relación a las corridas de toros, Esperanza Aguirre, declarada protaurina y presidenta de la Comunidad de Madrid, CAM, se ha apresurado a anunciar que las corridas serán declaradas un Bien de Interés Cultural, BIC. Una declaración insólita ejercida desde el poder unilateral, que conlleva una grave e injustificada responsabilidad. No se tiene conocimiento de que, en ningún país del mundo el maltrato y sacrificio público de un ser vivo forme parte de los valores institucionalmente reconocidos y, muchos menos, sean calificados como parte de la cultura. Tampoco en ningún país moderno y civilizado, está permitido que la crueldad hacia los animales sea fomentada e impartida a los niños durante su ciclo escolar. Con esta medida se acrecentará económicamente el negocio privado más subvencionado de cuantos hayan existido. La CAM, con dinero público- ya fue una de las patrocinadoras de la jornada expositiva de La Mesa del Toro presentada en el Parlamento Europeo en el año 2008. Si, además, tal y como se pretende que, en las escuelas se impartan clases de tauromaquia y los menores tienen las puertas abiertas a las plazas de toros, esta decisión puede llevar a un enfrentamiento social de dimensiones y consecuencias difíciles de prever.

Los ciudadanos y ciudadanas que rechazan o no les interesa la crueldad de las corridas, son una mayoría en Madrid, igual que en muchas otras ciudades y, en referencia a la educación y protección de los menores es un tema delicado y muy sensibilizado.

Si uno de los argumentos más recurrentes de los taurinos ha sido el de que las corridas se acabarán cuando el público deje de acudir, ahora el poder público, excediéndose en sus atribuciones, impone la tauromaquia favoreciéndola económicamente más de lo que estaba, e involucra a la infancia para perpetuar e imponer su continuidad. En este aquelarre de manifestaciones protaurinas la Comunidad Valenciana y la de Murcia, ya se han sumado a la propuesta de Aguirre.

La imagen que está proyectando España en la UE no puede ser más retrógrada y lamentable. Sin embargo, como país miembro, tiene sus Tribunales europeos a los que, forzosamente, se tendrá que acudir en defensa de la protección a la infancia, el derecho de los padres y ciudadanos y en defensa de los valores éticos que defiende la sociedad moderna.