El grupo formado por treinta miembros tiene el encargo de elaborar un informe completo en doce meses del cumplimiento de las medidas aplicables en la materia, recogidas en el reglamento (CE nº1/2005)

Decisión inédita, pero, de nuevo, de dudosa efectividad. El Parlamento Europeo, por amplia mayoría (605 votos a favor, 53 en contra y 31 abstenciones), aprobó el pasado 19 de junio lo que había pospuesto en 2018: la creación de un comité de investigación que tendrá dos misiones. La primera: investigar cadenas de transporte de animales vivos para verificar si se cumple o no el reglamento de 2005. La segunda: determinar si la Comisión Europea y los Estados miembros trabajan correctamente para implementar la normativa. Los treinta funcionarios que compondrán el nuevo órgano tienen la misión de elaborar un informe exhaustivo de su trabajo pasados doce meses. Las observaciones y recomendaciones que deriven de él debieran servir de impulso para reforzar el control, y de base para redactar un nuevo reglamento. En el mes de mayo, la Comisión ya anunció que iba a proceder a la revisión de la ley vigente, que cumple quince años de antigüedad y que ha demostrado, por otra parte, haber quedado obsoleta y ser ambigua en ciertos puntos, sobre todo en lo referente a la limitación de las horas de viaje. El Parlamento Europeo, ya en el año 2019 —con una mayoría de 411 votos a favor, 43 en contra y110 abstenciones—, se posicionó a favor de un informe sobre el transporte de animales vivos, la toma de medidas para el aturdimiento previo y el cese de viajes de más de ocho horas de los animales lactantes; así como la prohibición de exportar animales vivos a países con bajas o inexistentes normas de bienestar animal.

Los presentes

Desde 2007, más de doscientas investigaciones han reportado las pésimas condiciones que ONG ADDA y otros muchos grupos europeos en defensa de los animales vienen denunciando. Las inspecciones provienen más de asociaciones animalistas que de las autoridades competentes, lo que evidencia, por un lado, las pocas ganas y, por el otro, justifica toda duda respecto a cualquier nueva medida proyectada o aprobada. Tras varias iniciativas, como la campaña «8 horas», que acabó con una declaración de intenciones (Declaración Escrita no 49/2011) y que no prosperó, el lobby «pobre», el de las organizaciones sin ánimo de lucro, ha conseguido de nuevo mediante un magno esfuerzo hacerse un hueco en el extenso entramado de intereses de Bruselas y presionar con tal empeño hasta lograr convencer a 183 eurodiputados de la necesidad ética, científica y de salud pública de avanzar en la defensa del bienestar animal. Una materia, por cierto, que incomprensiblemente todavía está en segundo plano en la Unión, más aún si la comparamos con legislaciones efectivas y modernas como la del Reino Unido, separado ya de la política comunitaria tras el Brexit.

Una tortura que todavía continúa

Lo cierto es que los animales siguen siendo sometidos a viajes muy superiores a las ocho horas que sugiere —¡no obliga!— el reglamento de 2005. Las ovejas, los caballos, los cerdos o las aves continúan circulando amontonados, sin cumplir las ratios de separación que marca la legislación, aguantando condiciones insalubres, tiempo adverso, heridas, descansos escasos, bebida insuficiente, nutrición deficitaria y lo que es más preocupante: el manejo de personal sin formación alguna y, en muchos casos, malos tratos continuados en toda la cadena (granja, transporte y matadero). El estrés que eso conlleva en los animales no solo los conduce a un sufrimiento innecesario, sino que además activa de tal manera su sistema endocrino que debilita funciones vitales tan importantes como sus defensas.

Nuestra realidad más próxima

En el Mediterráneo peninsular, solo dos puertos tienen la capacidad para gestionar el transporte marítimo de ganado vivo. Son los de Cartagena, en Murcia, y el de Tarragona, en Cataluña, donde desde 2012 constan más de un millón de animales exportados, entre cabras, terneras y corderos. Ese flujo hacia el exterior responde a un excedente en la producción interna y, por lo tanto, a intereses económicos de una industria consentida y avalada por la administración estatal hasta la fecha. Unas marcas a las que se les permite cualquier tipo de capricho en pro de suculentos beneficios materiales mientras se menosprecia el derecho constitucional a un medio ambiente saludable. Tanto en el transporte marítimo como en el terrestre, los animales recorren miles de kilómetros, en muchos casos con un destino oscuro no detallado. Un trayecto que concluye a menudo más allá de las fronteras de la Unión, donde hay una carencia de legislación en la materia. Argelia, Libia, Líbano, Libia o Turquía son algunos de los países que importan y que matan sin apenas normas y, claro está, mayoritariamente sin aturdimiento previo, a animales que por la descarada irresponsabilidad administrativa llegan ya en gran parte medio muertos a destino.

Una pregunta subyace en todo este entramado: si existe la cadena del frío, si es posible congelar y transportar sin perder calidad ni propiedades, ¿por qué se sigue acarreando, y en tales condiciones, el ganado vivo? ¿No es posible utilizar los mataderos más cercanos a las granjas? ¿Es que sale más barato producir a cuatro mil kilómetros de distancia? ¿O es que se esconde algún interés oculto en medio de esa red o simplemente no se quiere ver? J. G. ADDA.

Ong ADDA -Julio 2020